Un cuatro de septiembre de 1970, por la voluntad ciudadana fue electo un nuevo gobierno encabezado -por primera vez en la historia de mi país- por un socialista, como representante de una amplia coalición de partidos de Izquierda, la Unidad Popular, dispuesto a impulsar un proyecto que interpretaba los intereses de los más desposeídos. El triunfo popular de inmediato desató la ira de aquellos sectores políticos y económicos que vieron amenazados sus intereses y privilegios, haciendo lo imposible por impedir que la victoria democrática llegara a transformarse en una realidad.

Conscientes de la imposibilidad de torcer la firme voluntad popular, no dudaron en recurrir al terrorismo y meses antes de la toma de posesión en el cargo por el recién elegido Presidente Allende, asesinaron al Comandante en Jefe del Ejército, René Schneider, de marcada tendencia constitucionalista demostrando así su decisión de avasallar el nuevo proceso que se iniciaba en mi país.

Desde un comienzo el gobierno del doctor Allende se dio a la tarea de llevar a la práctica el proyecto que le había permitido alcanzar el triunfo, a través de una serie de medidas destinadas a lograr una mayor justicia social especialmente en el terreno de la salud, la educación, la vivienda y la seguridad social, rescatando y garantizando para el patrimonio nacional nuestras riquezas básicas, como el cobre, profundizando una reforma agraria que ya había comenzado en la gestión anterior y manteniendo en el plano internacional una política de coexistencia pacífica e independencia nacional y de solidaridad y ayuda con todos los países del mundo, en particular con los vecinos, en la perspectiva de una real integración regional.

La obra del gobierno popular se abría paso y como nunca antes en nuestra historia el pueblo fue el gran protagonista, contribuyendo de las más diversas maneras e iniciativas a consolidar y profundizar su propuesta, mientras el mundo miraba con expectación y simpatía esta inédita forma de socialismo.

Entre los distintos actores que apoyaban al gobierno popular, los estudiantes junto a miles de jóvenes participábamos de manera activa en intensas y permanentes jornadas de trabajo voluntario para contribuir e implementar el plan de gobierno. Así desarrollamos históricas campañas de alfabetización, construcción de embalses, canales de regadío, centros de salud, viviendas ,escuelas, y tareas vinculadas a la producción.

De esta forma, dejábamos fluir nuestros sueños, mientras quienes veían amenazados sus intereses -tanto en el plano nacional como internacional- estructuraban todo su odio y sed de venganza. Ellos no estaban dispuestos a permitir que dicho proyecto avanzara y dieron paso al terror, mediante el sabotaje, los atentados terroristas, el acaparamiento de productos, la guerra psicológica y el mercado negro, tratando de generar la sensación de caos, escasez de productos e inseguridad.

Contaron para ello con todo su poder e influencia en los sectores más afines a sus intereses: el transporte y el comercio, generando así grandes problemas en la distribución de los productos más esenciales. A través de sus medios de comunicación, especialmente de la cadena El Mercurio, de propiedad del clan Edwards, que según informes del senado de Estados Unidos contó para ello con millonarios fondos provenientes de ese país, alentaban el descontento y el odio hacia el gobierno dejando en claro que no estaban dispuestos a aceptar el itinerario trazado por la Constitución y avalado por la decisión del pueblo.

De acuerdo a informes desclasificados de la CIA, queda de manifiesto el millonario apoyo político y financiero que distintos personeros y gremios recibieron para destruir el proyecto popular. A pesar de los serios impedimentos generados por un boicot permanente, el gobierno de Salvador Allende se fortalecía y nuevos sectores se sumaban al proyecto de transformaciones sociales.

Cuando los grupos desplazados de una parte del poder se convencieron de que la democracia ya no podía garantizar más sus privilegios fueron a golpear los cuarteles. Fraguaron así una serie de conspiraciones y complots que alentaban los levantamientos militares como una forma de agudizar un clima de inestabilidad e ingobernabilidad alimentando la supuesta amenaza de la subversión y el comunismo.

Como dichas experiencias fueron derrotadas por la movilización del pueblo y el arrojo de ciertos militares leales a la Constitución, se empezó a poner en marcha la opción de los representantes del gran capital nacional y foráneo.

De ahí en más el terrorismo se transformó en la base de su quehacer, llegando a asesinar al edecán naval del Presidente Allende y a organizar bandas paramilitares con una serie de atentados destinados a entorpecer y afectar fuentes productivas, mientras sus representantes gremiales generaban prolongados paros y una guerra psicológica destinada a hacer sucumbir al gobierno de Allende.

Pero el apoyo popular al gobierno era indiscutible y desde todos los sectores y organizaciones sindicales, poblacionales, campesinas, culturales, y estudiantiles estábamos decididos a construir un nuevo amanecer. Con nuestro esfuerzo y nuestras esperanzas defendíamos al gobierno y al sistema democrático y con ello, el legítimo derecho a un futuro mejor.

El camino democrático ahora no servía a los intereses de aquellos que desde el interior sentían amenazado su poder y a quienes, en el exterior, veían como un peligro para su supremacía en el continente los éxitos de la experiencia chilena. Cerraron así toda posibilidad de buscar una salida dentro de los cauces democráticos a pesar de la voluntad y disposición del propio Presidente Allende de someter su gestión a un plebiscito.

Alentaron la idea de una guerra fraticida y, apoyados en la felonía de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, el 11 de septiembre de 1973 -a dos años y medio del inicio del gobierno popular- dieron el golpe final.

Llegó la noche. La mira de los fusiles se posó sobre todo Chile y el tableteo de las armas y el implacable tronar de los cañones borraron de un plumazo la pretendida tradición democrática de mi país, arrasando con las instituciones base de la República y desatando su odio y venganza sobre quienes pensáramos diferente.

Se dio paso a una de las más feroces tiranías en el continente. Sometieron a la población al terror, había miles de detenidos, torturados y asesinados, la cacería estaba en marcha y formaba parte de la “guerra necesaria” para imponer su poder.

Todos los derechos civiles, políticos y libertades individuales fueron conculcadas. Se impuso la justicia del vencedor sobre los millones de vencidos en una imaginaria y demencial guerra, pasando por encima de toda jurisprudencia internacional, incluso de los pactos sobre los derechos de los prisioneros de guerra.

Nuestros sueños de un mundo mejor dieron paso a una terrible pesadilla. Mi calidad de dirigente político y estudiantil fue motivo suficiente para constituirme en un “gran peligro”. A pesar de estar en el último año de carrera, me expulsaron de la universidad.

Me detuvieron y secuestraron los servicios de seguridad, estuve desaparecido en un centro clandestino de detención, en manos de la temida DINA, sometido a crueles tormentos, cuyas secuelas imborrables hasta hoy me acompañan. Posteriormente, me abrieron una espuria causa por parte de una fiscalía militar, de la cual después fui sobreseído, quedando detenido en virtud de la ley de Seguridad Interior del Estado.

Durante un año y medio tuve un largo peregrinar por cárceles y campos de concentración. Finalmente, y ante la cercanía de una visita de una comisión de la Organización de Estados Americanos, OEA, se me instó a hacer abandono “voluntario” del país lo cual rechacé y fui expulsado de Chile, con prohibición de ingreso. Mi familia se derrumbó no tan solo por la partida de un ser querido, sino por el hostigamiento constante al cual por años fueron sometidos, lo que incluso les significó la pérdida de sus trabajos.

En 1984 decidí no seguir esperando que la tiranía me autorizara a regresar a mi país e ingresé ilegalmente para incorporarme a la creciente resistencia contra de la dictadura.

Mi vida la he dedicado a la lucha por un mundo más justo y moralmente no existía otro camino. Me integré a la lucha clandestina del pueblo y sus organizaciones que se alzaban y resistían a la violencia de un régimen ilegítimo que día a día cobraba más vidas.

Eran días decisivos en la organización del pueblo, que comenzaba a transitar el camino de la resistencia a la opresión con la mayor dignidad, recurriendo al legítimo derecho a la rebelión como un camino posible para su liberación y avanzar hacia la restauración democrática.

Lo hice primero, desde las filas del Partido Comunista de Chile y luego, desde el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, donde aporté mis mejores esfuerzos para conquistar la libertad de mi pueblo. La presión popular fue de gran magnitud y amplitud y se expresaba de distintas formas, pero bajo un mismo objetivo de terminar con la tiranía.

Ello llevó incluso a que ciertas fuerzas políticas que fueron cómplices del golpe militar y otras, que fueron sostén político e ideológico del mismo decidieran acelerar una salida negociada de la tiranía. Acordaron el mecanismo de un plebiscito para decidir la continuidad del régimen, lo que fue rechazado por el pueblo, y así comenzó el término formal de la dictadura, dando paso a un proceso de transición democrática que -a entender del conjunto de las fuerzas políticas- aún hoy, a 15 años del recambio de gobierno, no ha concluido.

La débil democracia naciente dio sus primeros pasos “protegida y tutelada” por los mismos que la habían sepultado en el brutal bombardeo de La Moneda, quienes hicieron explícita su decisión de hacer sentir su poder ante la menor acción que pretendiera hacerlos responder por sus actos y crímenes de lesa humanidad. El primer gobierno de transición elaboró el concepto de “justicia en la medida de lo posible”.

Es decir, aceptando las condiciones impuestas por el dictador atrincherado hasta marzo 1998 en la Comandancia en Jefe del Ejército y hasta el 2002 en el Senado de la República, en calidad de miembro vitalicio, junto a varios de sus cómplices que eran senadores no elegidos por el voto popular. Quedaba atada así la transición democrática, condicionada por los designios del dictador. Incluso con explícitas presiones -como el boinazo y los ejercicios de enlace- .

La falta de voluntad y decisión política de los nuevos gobernantes los llevaron a desistir de todas las investigaciones sobre casos de corrupción que involucraban a la familia Pinochet, entendiendo que ellos constituían un problema de estado que amenazaba la naciente democracia. De igual manera se procedió ante el clamor nacional de amplios sectores que comenzaron a exigir justicia y castigo a los culpables, logrando que al día de hoy , la mayoría de los crímenes estén impunes.

La contracara de esto eran las cárceles llenas de quienes por luchar contra una tiranía estaban condenados de por vida, sin mediar las más mínimas garantías que permitieran un debido proceso, ya que continuaron las causas abiertas, se abrieron nuevos procesos ante la justicia militar y así siguió la persecución a los luchadores sociales. El cese de los niveles de la confrontacion abierta no fue impedimento para continuar con la guerra sucia, porque si bien no podemos hablar de conflicto armado como dicen los querellantes.

Lo que sí hubo en el Chile de los 90, fue la continuación de la guerra sucia. Los organismos de seguridad, policiales y de inteligencia aunque con otro nombre, continuaron con su labor de limpieza intentando ocultar y eliminar las huellas y testigos de su acción.

El asesinato de algunos de sus colaboradores -como el químico Berríos en Uruguay-, el espionaje a los partidos políticos, la inhumación de cuerpos de víctimas de los desaparecidos desde cuarteles y el montaje de supuestas acciones subversivas formaron parte de los caminos para justificar el horror y continuar su labor operativa.

Solo el año pasado, y después de 14 años un puñado de presos políticos lograron la libertad bajo indultos presidenciales y varios más fueron condenados a vivir un nuevo exilio al conmutarles, la “democracia”, sus penas por extrañamiento. Incluso hasta hoy permanecen detenidos en recintos de alta seguridad un pequeño de grupo compañeros que en estos días están por cumplir los 50 días en huelga de hambre, en estado agónico.

Al igual que yo, ellos o están encausados por la justicia militar o por la aplicación de las leyes elaboradas por la misma dictadura que combatimos con vehemencia. ¿Qué garantías de imparcialidad tenemos si además nos procesa un Poder Judicial que no ha sido renovado en lo absoluto y que incluso tiene entre sus miembros a algunos “jueces” que integraron los temidos tribunales militares que en los primeros años de dictadura emitían los juicios sumarios que cobraron la vida a varios compañeros?

Es el mismo Poder Judicial que mientras se me torturaba en los calabozos de la DINA negaba a mis padres un recurso de amparo presentado en mi favor, tal como ocurrió en todos los casos de los miles de chilenos que fueron salvajemente torturados en los años de plomo.

Es el mismo Poder Judicial que, a pesar de una supuesta reforma en sus procedimientos, juzga hoy a los dirigentes mapuches que resisten y luchan por sus derechos, basándose en testimonios de testigos sin rostros. ¿Qué garantías tenemos los presos políticos en Chile si las instituciones policiales que realizan las investigaciones que fundamentan nuestros juicios no han sido renovadas y permanecen en sus filas muchos oficiales y suboficiales comprometidos en las gravísimas violaciones a los derechos humanos?.

Sin ir más lejos el oficial que en el año 1975 me insta a firmar el abandono voluntario del país, hoy es el director general de la policía uniformada. Muchos de los policías que participaron en las “investigaciones” para esclarecer las causas que se nos imputan, al pasar a retiro se han sacado la careta y están trabajando hoy en las filas de la derecha más pinochetista, armando operaciones políticas para ganar elecciones bajo un sistema electoral heredado de la dictadura, sobre el cual existe el consenso de su carácter excluyente y poco democrático.

En su alegato ante esta Corte, el señor Gené ha mencionado algunas causas y procesos que a su entender podrían evidenciar la labor independiente de los tribunales chilenos. Incluso atribuyendo erróneamente la investigación judicial por el aniquilamiento de doce de mis compañeros en 1987 al juez que dictó mi procesamiento, señor Dolmetch. Doctor Gené, no fue Dolmetch sino Milton Juica quien llevó adelante ese proceso y estableció las responsabilidades con valentía. Dolmetch, sólo asumió el proceso en su parte final.

En cambio, si fue el juez Dolmetch el que recientemente con su firma decidió desprocesar a los ministros del interior de la dictadura, por su responsabilidad política en los crímenes cometidos cuando ocupaban el cargo.

En el pedido de extradición se nombra al juez Víctor Montiglio como uno de los firmantes de la resolución que confirma mi procesamiento, es el mismo que está seriamente cuestionado por los abogados de derechos humanos en Chile por su compromiso con la dictadura y por avalar la aplicación de la cuestionada ley de amnistía para no procesar a uniformados por algunos de sus tantos crímenes.

Los hechos hablan por sí solos, ¿qué más claro que la situación del ex dictador o mejor dicho de la cúpula militar ¿qué fue de los comandantes en jefe de la junta militar, dónde están los procesos en la armada, en la fuerza aérea, carabineros e investigaciones? Ni una sola causa existe al respecto.

Sólo un antecedente: en los primeros días del golpe militar, el Estadio Nacional albergó a miles de detenidos, muchos murieron en los interrogatorios y fueron lanzados en la vía pública. Sus responsables están plenamente identificados ¿cuántas causas existen? Una sola y que tiene que ver con el ciudadano de origen norteamericano Charles Hofman.

Otro tanto podemos decir del regimiento Tacna, Estadio Chile donde fue asesinado el cantor popular Víctor Jara, el buque escuela Esmeralda, hoy repudiado en el mundo entero, por haber servido de lugar de detención y torturas.

Esto referido exclusivamente a algunos recintos de detención publica. Señor Gené, una golondrina no hace verano. No soy yo, si no el propio juez Guzmán quien denunció las presiones a las que fue sometido por tener la valentía de juzgar a Pinochet, pues -él mismo lo ha dicho- existe un pacto entre el gobierno civil, los militares y la derecha de no tocar al ex dictador y su entorno por sus crímenes.

El avance en el esclarecimiento de los hechos ha sido posible esencialmente por la labor abnegada e incesante de familiares, organismos y organizaciones, equipos jurídicos y comisiones especiales de derechos humanos que han logrado recopilar antecedentes y testimonios que en última instancia y de manera excepcional han obligado a la justicia a tomar parte. No podemos olvidar que la gran mayoría de las causas están dormidas y en espera.

Sin ir más lejos los procesos al dictador se inician por la acción valiente de la secretaria general del Partido Comunista de Chile, Gladys Marín, cuyo esposo permanece desaparecido hasta hoy. Gladys desde la clandestinidad encabezó la rebelión del pueblo en contra del tirano y el día de su muerte -en mayo de este año- nuestro pueblo, le rindió un masivo y gran tributo.

Lo cierto es que me sorprende que el señor Gené, a quien respeto en su calidad profesional, nos haya tratado de pintar un país de fantasía, con afirmaciones que tratan de dar cuenta de una realidad ejemplar, en que impera el estado de derecho, pero como dijo hace un par de días el académico Armando Uribe, existe este estado pero con instituciones ilegítimas y antidemocráticas. No se puede soslayar que no existe la independencia de los poderes ni una verdadera democracia, ya que esta institucionalidad tiene como base el ideario impuesto por la dictadura. Los tenues maquillajes realizados por los gobiernos civiles están muy lejos de modificar su esencia y por tanto sólo ratifican y consolidan un estado de injusticia y una débil e incompleta democracia.

Resulta ingenuo intentar ocultar los objetivos y el sentido político de esta causa, los hechos hablan por sí solos. De acuerdo a los informes policiales que aparecen en la causa mi ubicación en buenos aires es fruto de la información entregada al FBI, por el ex represor Miguel Ángel Furci, responsable de la apropiación de la niña Mariana Zafaroni, vale preguntarse ¿si esta causa no es política a título de qué y de quién dicho personaje siniestro estaba preocupado por mi situación? ¿A título de qué la Udi pide un pronunciamiento al Congreso chileno sobre mi expulsión de Argentina?

De igual manera Dirigentes de la UDI viajaron a este país en un intento por buscar apoyo en el Congreso Nacional y en el ambiente jurídico y judicial. Si es real este estado democrático que defiende el doctor Gené ¿por qué se ha reunido con la UDI y los querellantes de estas causas en Chile? Asimismo, han sido innumerables la intervenciones de prensa tanto de personeros de ese partido como del propio gobierno chileno, incluso no exentas de amenazas y chantajes. En los últimos días se ha desarrollado toda una campaña asegurando que si los tribunales argentinos rechazan la solicitud de extradición Chile enfrentaría un problema mayor “con ribetes diplomáticos”.

Son los mismos que al sostener a Inglaterra en la Guerra de Malvinas no vieron riesgos diplomáticos en las relaciones fraternas que siempre debieron caracterizar a nuestros pueblos.

Los hechos en los cuales se me intenta imputar, ocurrieron en un contexto, en el cual mi organización se encontraba seriamente debilitada. El alto costo pagado por la lucha antidictatorial se hacía presente y su principal dirigente Raúl Pellegrin, con sus jóvenes 30 años había sido asesinado recientemente por las fuerzas policiales.

Hasta hoy su crimen -y el de nuestra comandante Tamara- permanecen impune. Virtuales quiebres del movimiento popular no nos son ajenas y determinan la existencia de distintas orgánicas, las cuales tratan de reorganizarse y readecuar sus proyectos para enfrentar el nuevo escenario político no tan solo nacional sino internacional. La situación de persecución e ilegalidad fueron la principal traba para avanzar en esa dirección.

Bajo este cuadro, centenares de combatientes nos vimos obligados -por nuestra sobrevivencia y la de nuestras familias que nos acompañan en este dolor- a vivir como ilegales y clandestinos, a pesar de haber hecho esfuerzos y haber tenido la esperanza de ser parte de la recuperación democrática a la cual contribuimos dando lo mejor de nosotros.

Pero evidentemente, en este pacto servimos más como el otro demonio para ser parte de la moneda de cambio en una solución global de impunidad ante los intereses políticos de quienes representan los designios de las Fuerzas Armadas.

Rechazamos tajantemente esta perversa comparación. Como ha dicho recientemente el ministro de Justicia de este país, doctor Horacio Rossatti, “son cosas muy diferentes el terrorismo de Estado y el ejercicio de la violencia que en muchos casos, puede encuadrarse en el derecho de resistencia a la opresión contra un gobierno de facto, gobierno que no es constitucional, y este derecho de resistencia a la opresión tiene jerarquía constitucional”.

Pero en Chile todavía nuestros gobernantes no llegan a ese nivel de sinceridad y valentía y en todos estos años, mi situación y la de otros compañeros ha sido un arma de presión política de las fuerzas más retrógradas hacia el gobierno y el Poder Judicial.

Sin ir más lejos, mi detención en este país sorprendió al gobierno de Ricardo Lagos, practicándola mediante procedimientos policiales irregulares y que posteriormente le costó la salida del cargo al jefe policial.

Del mismo modo, 48 horas después de mi detención fui sometido a procesamiento sin tomarme siquiera declaración judicial y sin pruebas que fundamenten acusación alguna. Así también en un alegato de tres minutos que, incluso se reconoce públicamente como un trámite meramente administrativo, se decide el pedido de extradición a la República Argentina.

Tampoco para nadie es causal que mi arresto se produzca en los momentos mismos en los cuales se daban a conocer a Chile, y al mundo, los resultados de un informe elaborado por la Comisión de Prisión Política y Tortura que dejaban al descubierto de manera irrefutable que las violaciones a los derechos humanos formaron parte de una política sistemática del Estado en contra de los opositores y por tanto, quedaban en evidencia las responsabilidades políticas y penales de los conductores de la dictadura y que lamentablemente en este tránsito a la democracia siguen ocupando cargos en las principales instituciones del Estado, así como la impunidad que se instauró maquillada por procesos y contraprocesos judiciales hacia una minoría de uniformados y sólo en los casos más emblemáticos de la represión.

A modo de ilustración, está el caso del mismísimo dictador que ante el pacto de no tocarlo -suscrito entre los militares, la derecha y los gobiernos civiles- hicieron lo imposible por rescatarlo de las manos de la justicia internacional y que a pesar de que está fehacientemente comprobado en diversos procesos su responsabilidad criminal en la operación Cóndor, la Caravana de la Muerte, el asesinato en Washington del ex canciller Orlando Letelier; el asesinato del general Carlos Prats y su esposa aquí en Buenos Aires hoy no tenga una sola condena y goza de plena libertad por los crímenes de lesa humanidad y se “enferma” cada vez que se espera someterlo a proceso por los delitos económicos en que incurrió durante el millonario saqueo al pueblo de Chile.

Estos hechos han sido denunciados por el propio juez que tuvo el valor de procesar a Pinochet y que relató recientemente las severas presiones a las que fue sometido por parte de las fuerzas armadas, el gobierno y el propio Poder Judicial para que abandonara sus investigaciones lo que al final lo llevó a su retiro.

En Chile subsiste un estado de impunidad. Allí no hubo juicios a los genocidas y se imponen las leyes dictadas por el dictador, partiendo por la propia Constitución pinochetista, y que fue elaborada por su principal ideólogo y colaborador el señor Jaime Guzmán, y siguiendo por la ley de amnistía que garantiza la impunidad a los represores. Desde que pactaron con los militares y la derecha golpista, los gobiernos civiles -con toda su maquinaria propagandística- intentan convencer a mi pueblo de que para tener un presente y un futuro exitoso, había que olvidar el pasado.

Eso incluye que los nombres de los torturadores y asesinos -en su gran mayoría- permanezcan bajo secreto de estado por un período de 50 años y se llega al extremo, como en el pequeño poblado de Paine, donde, en un lado de la calle, viven las viudas de los campesinos asesinados y en la vereda del frente, los asesinos.

¿Se puede tener una sociedad sana bajo este juego macabro? ¿Qué garantías procesales tenemos, qué garantías para nuestra vida y la de nuestras familias si las bandas que tomaron el poder por asalto siguen impunes? Chile no será el “país ganador” que se pretende vender al exterior mientras no haya verdad, justicia y castigo a los responsables.

Argentina ya intentó vivir su camino de olvido y ello sólo trajo más dolor y frustración al pueblo. Lo digo justamente en estos días de júbilo por la reciente decisión de la Corte Suprema de este país de poner término a la impunidad, y asegurar un nunca más.

El tímido proceso de recuperación democrática que ha habido en mi país está aún lejos de esto y está en deuda con los miles de compatriotas que dieron su vida por la libertad y por un mundo mejor.

La verdadera razón por la cual hoy se trata de inculparme y solicitar mi extradición, tiene que ver con un juicio, a una historia de sueños, de rebeldía y resistencia. La violencia en nuestra patria no fue obra de las organizaciones del pueblo, constituyó un imperativo digno en la defensa de la vida. El mundo bien lo conoce, y mi país esta abriendo los ojos.

El Frente Patriótico Manuel Rodríguez fue una organización política cuyo accionar se limitó a los marcos de una estrategia asumida mayoritariamente como una opción para derrocar a la tiranía, y no se redujo a los estrechos marcos de un accionar armado. Generó una significativa expresión en el terreno juvenil a través de la juventud patriótica y en el terreno poblacional.

Nuestro aporte y quehacer fue un componente más de la lucha popular. Incluso durante la realización del plebiscito del año 88 de manera unilateral se suspendieron todo tipo de acciones a pesar de realizarse en medio de un estado policial y de los fundados antecedentes de las maniobras, fraudes e irregularidades que el pinochetismo realizaba por desconocer nuevamente la voluntad popular.

Por otro lado la gran mayoría de nuestros compañeros que perdieron la vida o fueron encarcelados, no lo fueron en medio de grandes combates o enfrentamientos armados fruto de lo que erróneamente se ha afirmado aquí de un “conflicto armado”, lisa y llanamente fueron asesinados a mansalva.

Vivimos en una sociedad en que lamentablemente se han impuesto valores donde el juego político está sometido a los intereses económicos del mercado, trastocando principios éticos, en que las invasiones criminales que arrasan con pueblos y culturas enteras se presentan como acciones liberadoras. Los golpistas de ayer y hoy como demócratas; los luchadores por la democracia como subversivos y terroristas; la pobreza y la desigualdad como fenómenoinevitabledeldesarrollo y crecimiento.

Las relaciones internacionales determinadas por el imperio total de la primacía del mercado, supeditadas a los designios y decisiones de los organismos económicos y financieros de orden mundial. Bajo la bandera de la defensa de la democracia se pretende policializar la política en cada una de las naciones de América Latina, repitiendo -bajo otras formas- las mismas iniciativas que derrocaron los regímenes democráticos del continente en las décadas del 60 y 70, que llevaron a la implantación de las dictaduras militares en nuestros países.

No podría dejar de mencionar la cacería de brujas y persecución que se ha desatado en mi país hacia quienes tuvieron la valentía de venir a dar testimonio a este estrado para atreverse a nadar contra la corriente en Chile y decir la verdad. Ya en la primera visita de mi abogado en Chile, a su regreso al país fue detenido en el aeropuerto aludiendo causas pendientes con la justicia desde 1989.

De haber sido efectivo ¿por qué se le dejó salir del país, no sólo el año pasado si no en innumerables ocasiones antes de asumir mi defensa?

De la misma manera, el día miércoles en toda la prensa chilena la derecha y el gobierno fustigaron a los testigos de esta parte, algunos calificándolos incluso de traidores por cuestionar los vacíos de la democracia chilena, pero sin desmentir nada de los argumentos que se esgrimieron para llegar a esa conclusión, y que son los que causan escándalo en el mundo.

Por lo demás es el propio presidente Lagos quien ha sostenido que estamos en una transición inconclusa, el propio embajador chileno en Argentina Luis Maira se ha referido en innumerables veces en su rol de académico, no de diplomático actual, a los nudos antidemocráticos de la constitución, sin ir mas lejos el autor del libro “Chile una democracia tutelada”, da amplia cuenta de los sobresaltos que se han vivido en Chile en estos 15 años, y es alguien vinculado al partido Democratacristiano, fuerza principal de la coalición de gobierno.

Me honra haber sido parte de una generación que soñó e intentó transitar hacia un mundo de justicia y libertad. A pesar de todo el dolor y las circunstancias especiales en las cuales me ha tocado vivir, aún sigo creyendo que un nuevo mundo, libre de la injusticia social, de miseria y pobreza es posible y cada vez más necesario.