Falta un poco más de un mes para que se cumplan 10 años de mi detención y sólo la perversa morosidad del sistema judicial explica que aún continúe este proceso.

Hemos llegado a esta instancia luego de sortear todos los obstáculos imaginables, el último de ellos ha sido el trámite de un Habeas Corpus que la Corte Suprema de Justicia resolvió en mayo de 2006, luego de más de tres años de trámite, contradiciendo de manera vergonzosa el texto constitucional que lo define como una acción expedita y rápida, dado que el derecho lesionado que intenta reparar es nada más ni nada menos que la libertad física.

Y es que la Corte no pudo menos que pronunciarse de ese modo a fin de evitar una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que indudablemente hubiera recomendado la revisión de mi sentencia tal y como hiciera respecto de los compañeros presos por el copamiento al Cuartel de la Tablada.

En ambos supuestos no existió la posibilidad de una instancia revisora para una sentencia flagrantemente arbitraria. Una vez más la Corte responde a las necesidades del gobierno de turno que esta vez quiere sostener una pretendida política de revalorización de la defensa de los DDHH en su discurso fronteras adentro y, sobre todo, fronteras afuera.

El ejecutivo no podía tolerar la posibilidad de que el país fuera nuevamente censurado respecto del procedimiento judicial llevado adelante sobre un grupo de prisioneros políticos.

En fin, la administración Kirchnerista no estaba dispuesta a compartir la amarga copa de la que bebiera Duhalde cuando, luego de la masacre del Puente Pueyrredón, debió indultar a los compañeros de La Tablada.

Por otra parte una actitud semejante hubiera abierto otro frente con una derecha en franco proceso de reorganización que se animaba, luego de una pequeña cuarentena, a convocar a un “Concilio de Verdugos” que se reunió en Plaza San Martín para exigir la amnistía de los genocidas. Es entendible ¿acaso las FFAA no reprimieron, torturaron, desaparecieron, robaron niños y acallaron al pueblo para imponer la política económica que reclamaba la burguesía y sus partidos?

Por lo pronto no hay razones para alarmarse, no habrá indulto ni amnistía para nadie, ni para los militantes políticos ni para los genocidas, señal de que la infame teoría de los dos demonios goza aún de buena salud.

Hoy, se está revisando una sentencia mamarrachezca indicativa de que el Tribunal Oral Federal Nº 2 nos había condenado de ante mano y, como todos los presos políticos, llegamos al banquillo de los acusados con la sentencia confeccionada.

El hecho de mayor relevancia por el que fui condenado es la autoría en el ataque que sufriera el Comisario Médico Jorge Antonio Bergés en abril de 1996. Por entonces el verdugo Bergés gozaba de la impunidad obtenida con la aplicación de la ahora anulada Ley de Obediencia Debida.

Indudablemente la justicia que me condenó no estaba dispuesta a declarar la inconstitucionalidad de una ley que garantizaba la libertad de un represor acusado y condenado por violación, tortura, supresión de identidad, sustracción de menores y robo perpetrados en campos clandestinos de detención a las órdenes de la dictadura más feroz que sufriera nuestra Patria.

Como en un juicio celebrado en el Macondo de García Márquez en aquella ocasión se me condenó por delitos que no fueron objeto de elevación a juicio y se me absolvió y condenó por el mismo hecho.

En otro alarde de “realismo mágico” sostuvieron los jueces que al momento de mi detención conducía un vehículo robado que fue secuestrado dos días después y a cinco kilómetros de donde se produjera ese suceso. Convirtió la acusación de tentativa de homicidio simple por dolo eventual sobre el torturador Bergés en una tentativa de homicidio calificado por la alevosía sosteniendo que “sólo la providencia divina impidió la muerte de Bergés” dando a entender que Dios hubiera tomado partido a favor del torturador, afirmación que cuando menos debe haber sido recogida con indignación por cualquier creyente honesto.

Por último entendió que los once años de prisión solicitados por el fiscal del juicio eran pocos, de modo que resolvió condenarme a 18 años de prisión en una decisión que no reconoce muchos antecedentes.

Decir que nos ha sorprendido este trato de parte del aparato judicial sería una ingenuidad. Desde el momento mismo de mi detención y la del resto de mis compañeros no hubo sino una deliberada política de aniquilamiento basada en dos pilares fundamentales: el primero fue la dispersión que implicó el alojamiento de los compañeros en distintas cárceles o pabellones separados; el segundo lo constituyó el aislamiento de los sectores de la militancia política no autorizando las visitas de los Organismos Defensores de los DDHH sino hasta casi tres años después de nuestras detenciones, ambas medidas aplicadas por orden directa de la Jueza María Servini de Cubría, la misma de las narco valijas, la misma que hoy trata infructuosamente de limpiar su nombre fotografiándose junto a las Abuelas de Plaza de Mayo.

Es que la política represiva sobre los militantes populares persigue ante todo su aislamiento impidiendo o dificultando su contacto con el pueblo a la vez que difamando a los presos políticos con operaciones de inteligencia sostenidas por la inestimable colaboración de los medios de comunicación masiva, negando su condición de militantes populares y sembrando dudas respecto de la motivación de su accionar.

Que nadie se llame a engaño, todo preso político es un rehén del sistema, los tribunales burgueses no son imparciales, ninguno de ellos es capaz de resguardar las “garantías constitucionales”.

El poder judicial ha sido históricamente parte inseparable del aparato represivo porque al tiempo que legaliza la represión de los que resisten la injusticia, llevan a cabo su objetivo ejemplificador: a los que no toleren el avasallamiento de sus derechos más elementales, el hambre, la desocupación y la entrega del país les espera la cárcel y en la cárcel comienza el fino trabajo de aniquilamiento del prisionero.

Y en esa tarea no reconocen límite alguno. Para ejemplo reciente tenemos el trato que recibiera Diego Quinteros quien mutilado fue arrojado al Hospital Penitenciario de la Cárcel de Devoto sin atención ni resguardo de ninguna especie y a quien sólo la solícita atención de otros presos salvaron de una muerte segura.

Cualquier detenido por razones políticas sabe de sobra que le espera la tortura y luego a dar con sus huesos en la cárcel donde el hostigamiento es moneda corriente, las condiciones de detención pésimas y el intento de humillación del detenido y su visita una constante, y todo esto sucede mientras espera una condena que, ya sabe, será feroz.

¿Qué Juez puede ignorar que las condiciones de detención que se padecen en las prisiones donde se purgan las sentencias que ellos dictan, violan en todos sus términos el art. 18 de la Constitución Nacional por la que han jurado?

¿No nos siguen juzgando acaso jueces que comenzaron sus carreras en plena dictadura, es decir que toleraron complacientemente el genocidio?

Cualquier forma de resistencia popular puede convertirse en un delito: los cortes de ruta dicen, atentan contra la libre circulación; los conflictos gremiales son sometidos a conciliación obligatoria y, si persisten, las huelgas son declaradas ilegales; la difusión de las ideas puede convertirse en apología del delito y la denuncia de funcionarios corruptos constituyen “calumnias e injurias”.

Sin embargo cada procesado, cada preso va calando en la conciencia del pueblo que ve en esos hombres y mujeres a militantes que han pagado con su libertad el precio de transitar el camino que conduce a la libertad de todos.

Me permitiré una cita: “El problema de la justicia es eterno, y por encima de las opiniones de los jurisconsultos y teóricos, el pueblo tiene de ella un profundo sentido. Los pueblos poseen una lógica sencilla pero implacable, reñida con todo lo absurdo y contradictorio y si alguno, además, aborrece con toda su alma el privilegio y la desigualdad, ése es nuestro pueblo. Sabe que la justicia se representa con una doncella, una balanza y una espada. Si la ve postrarse cobarde ante unos y blandir furiosamente el arma sobre otros, se la imaginan entonces como una mujer prostituida esgrimiendo el puñal”, se trata del alegato de Fidel Castro con motivo de su procesamiento por el ataque al cuartel Moncada.

Derogada la Obediencia debida se ha producido otra variante de la impunidad. Al no estar los subalternos obligados a cumplir órdenes moral y jurídicamente enjuiciables cualquier represión ordenada por el poder político que devenga en abuso y consecuentemente en masacre tiene por responsables únicos a sus autores materiales, es decir quienes empuñaron las armas.

Difícilmente pueda el pueblo identificarlos, de modo que la sangre de los de abajo puede derramarse impunemente, sólo excepcionalmente se ha podido identificar al que tiró del gatillo - en la masacre del puente se identificó sólo a quienes dispararon dentro de la Estación Avellaneda sobre Maxi y Darío y en Neuquen a quien fusiló a Fuentealba-, pero la regla es que la mayoría de las veces los crímenes quedaron impunes.

En efecto, la derogación de la ley de la impunidad ha traído nuevas impunidades, ahora las del poder político y los cuadros superiores de las fuerzas de seguridad.

¿De que otra manera puede entenderse entonces que ni Ruckauf, ni Juan José Alvarez, ni Duhalde hayan debido responder por la muerte de Darío y Maxi?

¿Alguien puede creer que Franchiotti y Acosta actuaron por su cuenta cuando está probado que no fueron los únicos que utilizaron armas de fuego en la represión?

¿Estuvieron alguna vez dispuestos los jueces a castigar a los instigadores de la represión social es decir a los políticos de más alto nivel o a las cúpulas de las fuerzas represivas?

En esto la autodenominada “Familia Judicial” - verdadera corporación al servicio de la defensa de los intereses del sistema y que seguramente debe su nombre a la concepción de la “familia” mafiosa - actúa como un sólo puño, sin fisuras ni contradicciones.

Hablamos de un poder que no debe la elección de sus miembros a ningún procedimiento democrático sino a la decisión discrecional del organismo colegiado que representa a los poderes del estado y cuya tarea no cesa sino por jubilación o la caída en desgracia respecto de alguna administración en particular.

Constituyen el reaseguro de impunidad con que cuentan los funcionarios políticos, los legisladores, los militares y los dueños del poder real para hacer y deshacer en nuestra Patria, violentando los más elementales principios de justicia y, en ocasiones, hasta la propia letra de las leyes que dicen defender.

No olvidamos la participación del aparato judicial por acción u omisión en los crímenes contra el pueblo que han tenido lugar a lo largo de nuestra historia.

Imposible olvidar el desempeño judicial en los procesos a Radowitzky por el ajusticiamiento de Falcón, responsable de la masacre obrera de Plaza Lorea, y a Wilckens por el atentado contra el coronel Varela, que se encontraba libre de culpa y cargo, luego de que fusilara a más de 1500 obreros en la Patagonia. Tampoco hubo contemplaciones para Badaraco, a quien se le inició un proceso por “traición a la patria” luego de que quemara una bandera de los EEUU. Todas causas sustanciadas durante los primeros gobiernos radicales.

O el silencio judicial mientras la primer dictadura militar de la Argentina, al mando del Gral. Uriburu, arrancaba a los militantes populares de sus jueces naturales y los sometía a tribunales militares. Así se hizo con Severino Di Giovanni y Paulino Scarfó condenados a muerte en 1931 por “agitadores anarquistas”, con el voto unánime de un tribunal militar presidido por otro radical: Risso Patrón.

Idéntico silencio al que guardaron, en 1936, los jueces Lamarque y González Gowland quienes luego de interrogar en el Departamento de Policía a los anarquistas Miguel Arcángel Rosigna, Andrés Vázquez Paredes y Fernando Malvicini y sobreseerlos por falta de pruebas los entregan a la policía que los desaparece para siempre inaugurando una reiterada práctica de las fuerzas represivas en nuestra Patria.

También se desempeñaron eficientemente para mantener la impunidad como en el tristemente célebre proceso de Bragado, ocasión en que fueron condenados tres obreros anarquistas inocentes por el intento de asesinato del político conservador José Blanch. Diez años purgaron esos hombres por un crimen que no cometieron.

Silencio que mantuvieron en el ’55 cuando los uniformados bombardearon la Plaza de Mayo, asesinando a cientos de trabajadores desarmados y en el ’56 cuando la dictadura de Aramburu fusilaba 27 compañeros en José León Suarez por acompañar el levantamiento de Valle quien también fue fusilado junto a otros compañeros en el ya desaparecido Penal de Las Heras.

Conducta que reiteraron cuando en 1960 Frondizi, en aplicación del Plan Conintes, violó las más elementales garantías individuales poniendo a disposición de las FFAA a los huelguistas díscolos sometidos también a tribunales militares y privados de cualquier defensa.

¿Y cuando el golpe a Frondizi la mismísima Corte Suprema no colaboró acaso tomándole juramento al presidente de facto para investir la usurpación de cierta legalidad?

Callaron cuando en 1962 desaparecía el obrero metalúrgico, Felipe Vallese, de la Comisaría 1º de San Martín y cuando durante el gobierno de Illia las fuerzas de seguridad asesinaron en una manifestación pacífica a los trabajadores Mussy, Retamar y Méndez.

Tampoco pronunciaron palabra sobre la ilegalidad de la Doctrina de Seguridad Nacional elaborada por el entonces Jefe del Ejército, Onganía, y expuesta para regocijo de todos los representantes de las FFAA latinoamericas en la casa de sus patrones: West Point.

¿No fue acaso un Juez el que en 1972 garantizó la seguridad de los presos fugados del penal de Rawson, luego asesinados por las FFAA en la Base Almirante Zar?

¿Que actitud tomaron los jueces cuando en 1975 el Poder Ejecutivo emitió el Decreto que ordenaba aniquilar el accionar subversivo?

¿Que hicieron los jueces cuando en plena dictadura Teresa Israel presentaba Habeas Corpus a pedido de los familiares de los compañeros desaparecidos para darles consuelo, sin la más remota expectativa de obtener respuesta, hasta que también a ella la secuestraron?

¿Dónde estaban los jueces mientras Walsh denunciaba los crímenes de los comandantes y los exiliados presionaban desde el exterior?

Ocho años de silencio hasta el retorno de la democracia.

La lista es interminable y soy incapaz de agotarla en esta exposición, baste decir que el poder judicial deberá, por estos crímenes, limitarse a esperar la absolución de sus pares porque el pueblo ya los condenó.

De qué otra forma podría entenderse sino que los empleados judiciales aquí presentes acepten como “honorables colegas” a sujetos como Raúl Plee y Fernando Larrambebere que recibieron sus nombramientos como premio del papel que les cupo en el enjuiciamiento a los compañeros que coparon el Cuartel de La Tablada: el primero llevando adelante la acusación y el segundo archivando todas las causas por las desapariciones, torturas y fusilamientos que protagonizaron las FFAA en la recuperación del cuartel.

O a Ariel Lijo quien burdamente sacó de la galera una orden de detención contra Raúl Lescano para blanquear el secuestro del que había sido víctima y encarcelarlo junto a otros compañeros de Quebracho, acusándolos de destruir las vidrieras de un local perteneciente a un confeso instigador del asesinato de Fuentealba como lo es el gobernador Sobisch.

Qué paradoja, verdad. El instigador del asesinato del compañero está libre y los muchachos de Quebracho que, demostraron su indignación rompiendo un par de vidrios, se encuentran presos.

Otro tanto sucede con los compañeros Rosales, Catrihuala, Pérez, los hermanos Bilbao, Cortez, González y Padilla, presos en Las Heras acusados de la muerte del policía Sayago.

¿De qué modo sino de insolente complicidad con las fuerzas represivas se puede calificar al hecho de que los compañeros sean acusados de Homicidio y Coacción Agravada cuando Sayago fue muerto en medio de un enfrentamiento provocado por la represión policial?

¿Acaso no sabe el Juez que los compañeros más que atacar a Sayago se defendieron de él ya que era bien conocido por los trabajadores petroleros dado que en una represión anterior había hecho abortar a patadas a una compañera que participaba de una protesta?

¿Alguien puede dudar que si Jorge Julio Lopez fuera un empleado judicial, un policía, un político o un “rico y famoso”, en lugar de un testigo de cargo contra un represor, esta justicia no sólo hubiera resuelto su paradero sino que ya habría detenido a los autores de su secuestro?

Cerca de 100 muertos ha sufrido el pueblo durante los últimos 15 años, todos ellos se contaban entre sus mejores hijos.

Todos ellos continúan exigiendo justicia, reinvindicación y el cese de las razones que los lanzaron a la lucha por construir una Argentina donde la vida merezca ser vivida.

Y todos ellos cayeron bajo las balas de la represión ejerciendo su legítimo derecho de resistencia a la opresión.

Ese derecho de resistencia a la opresión que se hace presente en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre al postular: “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para éste el más sagrado de los derechos y el más imperioso de los deberes”.

Ese derecho que es bellamente descripto por José Martí cuando sostiene: “Un hombre que se conforma con obedecer leyes injustas y permite que le pisen el país en que nació, no es un hombre honrado... En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro como ha de haber cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Estos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana ...”

Esa opresión que adquiere las más variadas formas pero tiene un solo origen: el injusto sistema en el que vivimos regenteado por igualmente injustos poderes públicos que violando el mandato popular pisotean los más elementales derechos del Pueblo.

¿Qué argentino bien nacido puede dudar respecto de la justicia del reclamo cuando se exige trabajo?; ¿o cuando se exige educación?; ¿o cuando se exige un salario digno?; ¿o cuando se exige justicia?; ¿o cuando se exige vivienda?

Ahora bien: ¿si un gobierno dicta leyes injustas que privan al pueblo del trabajo, o de salarios dignos, o de vivienda, o de justicia, o de educación, no es el deber de las mujeres y hombres dignos que habitan esta hermosa tierra resistir la aplicación de esas leyes?

Nuestro pueblo tiene una historia rica en resistencia.

A pesar de que nuestro Presidente, cada vez que puede, se pregunta: ¿qué hacían mientras el gobierno de Menem destruía la capacidad industrial instalada, entregaba al capital extranjero por monedas las empresas públicas, levantaba ramales ferroviarios, expulsaba del mercado laboral a millones de trabajadores, desarticulaba la salud y la educación públicas, cristalizaba la impunidad de los genocidas y arrojaba al hambre y al desamparo a la amplia mayoría de los argentinos?

La respuesta es obvia: nuestro Pueblo resistía mientras que él y su séquito formaban parte de ese gobierno entreguista y hambreador.

Nuestro Pueblo resistió de todas las formas que pudo y paso a paso fue creando las condiciones para revertir ese proceso.

Resistió fieramente las privatizaciones, las leyes de impunidad y la desarticulación de la salud y la educación públicas.

Los movimientos sociales, haciendo honor a la historia de organización de la clase obrera, rápidamente se forjaron para dar respuesta al hambre y lo lograron con indudable éxito.

El Pueblo sin duda sigue siendo la reserva moral de la Patria porque al contrario de esa escoria que conforman las dirigencias de los partidos tradicionales siempre ha luchado contra la injusticia.

En ese marco, la Organización Revolucionaria del Pueblo escribió un pequeño párrafo en un capítulo de esa lucha y en ese pequeño párrafo sostuvo que mientras existiera un argentino digno de la tierra que habita, los genocidas no podrían andar tranquilos sus calles.

La Organización Revolucionaria del Pueblo se atrevió a escribir esas líneas sólo cuando no existía ya ninguna posibilidad de encauzar el reclamo de justicia por los carriles institucionales.

La Organización Revolucionaria del Pueblo se atrevió a juntar pacientemente cada palabra con las que construyó ese párrafo, sólo una vez que la movilización popular, con motivo de la proximidad del 20 aniversario del Golpe Militar, indicaba que poco a poco el movimiento popular iba saliendo del cono de sombra en que lo sumió el primer tramo del gobierno de Menem.

La Organización Revolucionaria del Pueblo pagó caro ese desafío. Desató sobre sí la más importante cacería humana de la que se tenga memoria en los últimos 20 años, alguno de sus dirigentes terminamos encarcelados junto a seres queridos, rehenes inocentes de los verdugos. La presión represiva y mediática hizo el resto.

La Organización Revolucionaria del Pueblo dejó de existir pagando de este modo sus errores y a partir de allí la justicia del sistema se dedicó a cobrarle caro cada uno de sus aciertos.

No habrá juez que pueda comprenderlo pero me siento un hombre afortunado, me esperaban en la calle más abrazos compañeros, más palabras de aliento, más proyectos colectivos que los que jamás pude haber soñado en mis ocho años y medio de cautiverio.

Tengo la enorme alegría de comunicar a mis verdugos su fracaso, mi gente me esperaba como siempre, como después de un debate interrumpido por falta de tiempo. Volví a donde lo dejamos, no hubo cárcel capaz de separarme de los míos.

Soy el último preso de una organización que ya no existe y, sin embargo, no me siento derrotado. Nuestra pequeña lucha fue sólo un eslabón enmarañado entre las luchas que nos precedieron, las que se libraron durante nuestro cautiverio trayéndonos alivio, las de ahora mismo y las que, seguramente, vendrán.

Así debe ser, lucha con lucha encadenada para no empezar siempre de nuevo como decía Rodolfo Walsh.